El informe de la Defensoría de Casación Penal de la Provincia muestra las condiciones de agravamiento del estado de detención: Superpoblación, hacinamiento, falta de atención médica, traslados constantes, como así también incumplimiento de orden de clausura judicial de comisarías y tratos inhumanos que afectan gravemente los derechos humanos de las personas privadas de su libertad.
Mario Coriolano, el titular de la Defensoría, manifestó su preocupación y sotuvo: "Esta situación debe atenderse en forma prioritaria, a través de articulación de espacios interagenciales y multidisciplinarios, con visión integral de derechos humanos, atención primordial del interés superior de jóvenes-niñas, niños y adolescentes- y perspectiva de género".
"Esta realidad transciende gestiones de gobierno e interpela a quienes integramos los tres poderes del Estado a buscar soluciones para combatir y erradicar estas prácticas violentas", finalizó.